La Universidad de Vigo se acoge
feliz al Programa LABORA y, en lugar de reclamar la convergencia del volumen de
recursos públicos destinados a la Universidad PÚBLICA con los niveles medios de
la Unión Europea en términos de gasto por estudiante, se resigna a la política del DÉFICIT CERO
El sistema universitario español
ha crecido de forma significativa desde que se aprobó la LRU. Un solo dato
permite evaluar la magnitud de este crecimiento. En el curso 1983-84 había en
España 744.115 estudiantes universitarios, el curso 1999-00 ese número había
aumentado hasta 1.584.819. El incremento del sistema ha sido todavía superior
en Galicia multiplicándose por tres el número de estudiantes en el mismo
período.
Tal incremento no se ha traducido
en un aumento proporcional de los recursos que nuestro país y la CC.AA de
Galicia dedican a la enseñanza superior. Sin negar determinados avances, aunque
insuficientes, fundamentalmente en inversiones universitarias, lo cierto es que
todas las estadísticas disponibles colocan a España a la cola de los países de
la OCDE y de la Unión Europea en lo que a gasto por estudiante universitario se
refiere. Un solo dato permite, también en este caso, avalar esta afirmación. España está 14 puntos por debajo de la
media de los países de la OCDE en lo que al gasto por estudiante en relación
con el producto interior bruto se refiere. Las últimas estadísticas situan
a la Universidade de Vigo como penúltima universidad pública en ratios de
calidad.
La partida de Personal es la más
importante de gasto en la Universidad y su capital humano estable un valor estratégico. Su presupuesto deberá ir acompañado de la relación de puestos de
trabajo del personal de todas las categorías de la Universidad, especificando
la totalidad de los costes de la misma.
La Universidad está obligada a
efectuar su programación plurianual y para ello deben existir, y la institución
conocer, las previsiones de financiación.
La Universidad debe competir en el distrito abierto y en el
espacio universitario europeo y estructurarse como una Universidad de la sociedad del conocimiento.
El Gobierno del Estado, pese a las
anteriores exigencias de las instituciones públicas responsables de la
enseñanza superior, reniega de un modelo para la financiación de las
Universidades públicas, que garantice mínimos de calidad en todo el sistema y
que incorpore, con carácter indicativo, criterios y variables de financiación
complementaria al efecto de inducir a la Universidad Pública hacia una Planificación
Estratégica en función de objetivos que deben implementarse desde políticas
específicas de las Comunidades Autónomas y la Administración General del
Estado.
Se puede argumentar que la Universidad de Vigo por si sola
no puede alcanzar los objetivos de financiación necesarios. Pero, algo podrá
hacer, como comprometer a los avalistas políticos que, de cuando en vez y
siempre estratégicamente, visitan al Rector, para que actúen en consecuencia en
el Parlamento de Galicia y levanten la bandera política de la financiación
universitaria frente a otro tipo de prioridades políticas como son las
subvenciones a la TVG. La Xunta de Galicia decía en febrero de 1997 por medio
del Conselleiro Celso Currás que La
Universidad deberá poner sus ojos en los ayuntamientos y la empresa privada
(¡!) para buscar financiación. Celso Currás tuvo entonces la réplica
unánime y firme de los Rectores gallegos y la del propio Valedor do Pobo de
Galicia, D. José Cora Rodríguez, mediante escrito oficial de 6 folios. Ahora, parece
que el Sr. Rector está dispuesto a colaborar en la efectividad de la promesa
electoral del Presidente Fraga de dar empleo a todos los jóvenes que no
sobrepasen los treinta años mediante la participación en el Plan LABORA, a
costa de quien sea, en este caso de los PAS y en un futuro el PDI.